Situado en las antípodas de Netanyahu, el judío alemán Walter Benjamin decía que el pasado no se puede dar como algo presupuesto. Solo a partir del presente como instancia de interpretación se abre retrospectivamente la dimensión del pasado y así la del futuro, como su metamorfosis. Por eso, para las elecciones en el Brasil, que serán dentro de algunas semanas, es interesante pensar retrospectivamente en algunas marcas de su pasado, algunas “imágenes dialécticas”, como decía Benjamin, en las que se superponen temporalidades. En este sentido, podríamos ver, en los acontecimientos que vienen siendo librados en estas últimas semanas en la Corte Suprema de Brasil, algunas de esas imágenes que ayudan a leer las constelaciones de estas elección para presidente.

Primeramente, el contexto regional: ¿qué papel han desempeñado las cortes supremas y los tribunales constitucionales en las recientes crisis políticas latinoamericanas que culminaron en la destitución o interrupción de gobiernos? Sabemos que las cortes supremas y los tribunales constitucionales han adquirido un papel cada vez más relevante en las crisis presidenciales latinoamericanas, considerando, claro, las particularidades de cada país. Las Cortes vienen actuando como instancias de interpretación constitucional, control de los procedimientos y, en algunos casos, como actores que contribuyeron a establecer una forma jurídica y constitucional a conflictos esencialmente políticos y, más fuertemente, como una expansión del uso político del juicio político. Los casos se sucedieron como una vorágine que parece actualizar viejas figuras de poderes arcaicos, como el coronelismo, la subordinación a mandatos imperiales y el conformismo de las clases dominantes.

Como el caso de Manuel Zelaya en Honduras, en 2009, cuando la Corte emitió una orden de arresto y lo expulsaron del país. En Paraguay, en 2012, con la destitución de Fernando Lugo. En el Perú, con la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, a partir de decisiones de la corte, utilizadas como recurso por los distintos actores institucionales. En la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación negó el recurso de la defensa y dejó firme la condena. Y en el Brasil, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) intervino en cuestiones relativas al procedimiento y estableció parámetros jurídicos para el desarrollo del impeachment contra Dilma. Y en la prisión de Lula, después de que el STF rechazara su habeas corpus y mantuviera la posibilidad de ejecutar una condena después de la segunda instancia, impidiendo su candidatura a las elecciones.

¿Cómo el Supremo se inscribe hoy en la coyuntura de una elección que confrontará nuevamente a Lula con “los Bolsonaro”? La pauta que está en debate son operaciones fraudulentas de un banco, extinto por el Banco Central, por operaciones con carteras de crédito que, por mandato de un miembro del Supremo elegido en la época por Bolsonaro , derivó en una investigación policial que recae sobre miembros del propio Supremo. ¿Cuál es entonces la particularidad de esta intervención del Supremo en la actual coyuntura electoral?



La respuesta a esta particularidad comienza en el propio diseño institucional del Supremo Tribunal Federal. A diferencia de las cortes constitucionales tradicionales, el STF no actúa únicamente como guardián de la Carta Magna: combina competencias excepcionalmente amplias como última instancia de apelación, juzgador penal de autoridades con fuero especial por prerrogativa de función, controlador de la constitucionalidad de los actos estatales y árbitro final de disputas electorales, penales y sociales. Ante las dificultades del sistema político para mediar conflictos y construir consensos, esta concentración funcional transformó a la Corte en la principal arena de la vida pública nacional.

Asimismo, la centralidad del Supremo no se ejerce únicamente de forma colegiada. Predomina en la Corte un modelo fuertemente individualizado, donde la autoridad del Tribunal se suma a la amplia autonomía de sus miembros. Mediante decisiones monocráticas, solicitudes de suspensión del expediente para estudio (pedidos de vista) y el manejo del tiempo regimental, cada magistrado detiene un poder de veto decisivo y la capacidad de intervenir aisladamente en el proceso político, convirtiendo divergencias internas en temblores para la coyuntura nacional.

Esta configuración explica por qué la crisis actual —en la que el propio tribunal se ha convertido en juez de un conflicto que alcanza a sus integrantes— resulta tan expuesta. La extrema derecha intenta transformar las sospechas que recaen sobre algunos magistrados en una acusación generalizada contra el Supremo para desacreditar anticipadamente las decisiones de la Justicia Electoral encargadas de contener la desinformación y responder a eventuales tentativas de desconocer el resultado de las urnas.

Esa estructura alberga una continuo “juego de sillas”. Cambian los magistrados, las alianzas y las circunstancias, pero determinados lugares e intereses estructurales permanecen. La novedad más relevante de la composición actual es la entrada directa del ultraconservadurismo evangélico, personificada por el ministro André Mendonça —designado por Jair Bolsonaro bajo la premisa de ser “terriblemente evangélico” —, lo que consolida a las iglesias evangélicas como actores con incidencia directa en el sistema de justicia. En la misma vertiente, el ministro Nunes Marques encarna un conservadurismo jurídico de perfil más técnico, igualmente ligado al ciclo bolsonarista. En vector opuesto, la incorporación de Flávio Dino —con trayectoria en la magistratura, el Parlamento, el Ejecutivo estatal y el Ministerio de Justicia del gobierno de Lula— inserta en el STF una figura proveniente del propio “pulmón” del proyecto progresista. Su presencia no divide a la Corte en bloques partidarios rígidos, pero hace más explícito el choque entre distintas concepciones de Estado, derechos e interpretación constitucional.

El ministro Alexandre de Moraes ocupa una posición sui generis. Designado durante el gobierno conservador de Michel Temer, se convirtió en el principal operador de la “democracia defensiva” frente a la ofensiva autoritaria. Al liderar las investigaciones sobre desinformación y la tentativa golpista del 8 de enero de 2023, Moraes encarnó la reacción republicana contra la ruptura institucional, aunque acumulando facultades que reavivan debates sobre el debido proceso y la concentración de autoridad. Los demás integrantes completan este mosaico de elites jurídicas: Gilmar Mendes ejerce un rol clave en la articulación y el pragmatismo político del tribunal; Edson Fachin y Cármen Lúcia se asocian a la defensa principista e institucional de la Constitución, con giros a la derecha; Luiz Fux representa a la corporación judicial de carrera, también con giros firmes a la derecha; mientras que Dias Toffoli y Cristiano Zanin mantienen vínculos históricos, aunque diferenciados entre sí, con la tradición gubernamental del Partido de los Trabajadores.

Desde una perspectiva democrática, sería un error responder a la ofensiva de la extrema derecha mediante una defensa corporativa e incondicional del tribunal. Defender al Supremo como institución no significa garantizar la impunidad de sus miembros, sino exigir investigación rigurosa, transparencia y responsabilización, sin permitir que las contradicciones de la Corte sean utilizadas para desmontar las defensas construidas contra el golpismo.

La particularidad brasileña reside, en último análisis, en esta profunda tensión: el Supremo se convirtió en el garante indispensable del orden constitucional y en la barrera principal contra el autoritarismo, pero su protagonismo hipertrofiado amplió la dependencia de la democracia respecto de una institución no electa y dotada de vastos poderes individuales. Ante un sistema político incapaz de mediar sus propios conflictos, la crisis del STF no se reduce a disputas entre magistrados, sino que expresa una contradicción estructural sobre los límites y el futuro de la propia democracia en el continente.

En el terreno electoral, el impacto es directo: la extrema derecha instrumentaliza las contradicciones de la Corte como munición para debilitar los diques de contención contra el golpismo, mientras que para el campo democrático el desafío reside en defender la soberanía popular en las urnas sin caer en la tutela ni en la defensa corporativa del poder judicial.