La estafa electoral es el principal agravio al electorado, que debe pasivamente reconocer que fue engañado; presenciar y sufrir el desarrollo del daño que ejecuta el candidato traidor o incompetente, sin tener otra opción para manifestar su rechazo, que salir a las calles y arriesgarse a ser agredido por las fuerzas represivas; porque un gobierno traidor desconoce “...el supremo derecho de rebelarse ante la tiranía y la opresión (Declaración Universal de los Derechos Humanos)” y aparece la represión y el desguace del cuerpo de Derechos, que todo Estado Democrático debe tener para proteger al pueblo. Cada ciudadano y ciudadana, no solo tiene el derecho a rebelarse ante un abuso sino también a proponer, ser parte de las medidas de gestión que lo afectarán de un modo u otro, a sí mismo y a su comunidad. Poner en ejecución el “Ser parte, tener parte y hacer la parte”, las tres patas de la Democracia Participativa, síntesis de la responsabilidad de cada persona, que quiera o no, es parte de un conjunto de otras personas que viven lo mismo, en el mismo lugar, al mismo tiempo, con situaciones parecidas y probablemente quieran casi lo mismo; es la Participación real.

Formación ciudadana para la participación

El proceso de formación ciudadana y participativa no será sencillo para quienes esquivan el esfuerzo de entender las estructuras de gobierno y la dinámica política. La rechazan bajo el prejuicio, con alguna razón, de la corrupción generalizada entre dirigentes y funcionarios; para quienes se auto perciben apolíticos ser analfabeto político le posibilita, además de comodidad, sentirse inocente y a salvo.

La importante inasistencia a votar, que se registró últimamente en algunos distritos, es entendida como descreimiento en la política y desencanto de las promesas de los políticos. ¿Por qué? Tal vez el pueblo ya no quiere que le ofrezcan soluciones creadas y pensadas sin ser consultado. Cuando un o una candidata, va al territorio a encontrarse con las voces que nunca escucha, la gente le acerca quejas y preocupaciones, pocas o ninguna propuesta o ideas sin un proyecto claro, a veces inviables; el candidato se retira prometiendo buscar una solución a todo lo que le expusieron. Sin embargo, ninguno de los habitantes entrevistados en ese barrio se queda conforme con la promesa del candidato, sabe que solo volverá más adelante a pedirle nuevamente su voto, sin recordar los reclamos que recibió.

Se hace urgente e imprescindible crear canales institucionales donde la ciudadanía no solo cuente al dirigente lo que le hace falta o quiere, sino también que lo proponga e intervenga activamente en el diseño y la concreción del proyecto, ya sea destinado a su hábitat, la implementación de dispositivos para la salud comunitaria, la cultura o entretenimientos para la adolescencia, la protección ambiental. De lo contrario queda supeditado a forzar un acercamiento a algún actor de la política, dirigente o funcionario, con suficiente influencia para hacer llegar a algún ámbito de decisión política y administrativa, como concejos deliberante o congresos provinciales o nacional, la problemática que lo aqueja o cumplimiento en las garantías de derechos, adquiridos o no, y suplicar se atienda y se resguarde los Derechos Individuales y Colectivos.

El Poder Judicial debería asistir al ciudadano vulnerado en su derecho con premura y solvencia, pero sabemos que este es otro Poder que avergüenza más que cualquier presidente, diputado o intendente traidor.

La reforma de 1994 de la Constitución Nacional incluyó algunas herramientas institucionales para canalizar las demandas del pueblo, un tibio acercamiento a la democracia participativa, que en la práctica no prosperó por haber quedado en instancias de difícil acceso, que requieren el acompañamiento de profesionales y eso implica gastos, tal vez muy onerosos para las personas vulneradas en un derecho o en vulnerabilidad latente, además de las distancias físicas a defensorías, fiscalías, etc.

Referéndum vinculante, iniciativa legislativa popular, revocatoria de mandato, plebiscito y consulta popular

Estas son las medidas que fueron introducidas en la reforma como “de acción popular”, de participación directa o semidirecta y que siguen fuera del alcance de las y los ciudadanos que tienen que aguantarse gestiones y funcionarios que desertaron del pacto electoral y que perjudican el presente y futuro de la nación.

También se le dio jerarquía constitucional al Derecho Internacional en Derechos Humanos, la creación de las figuras del Jefe de Gabinete, el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura – intervenido y manipulado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación–; la Reglamentación para los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que ahora mismo son el instrumento que azota los Derechos del Pueblo y restó autoridad al Poder Legislativo; el reconocimiento de los Derechos Ambientales –que la voracidad extractivista ignora–, los de Usuarios y Consumidores – que no hay Audiencia Pública ni queja que sirva para detener abusos de empresas proveedoras de servicios públicos–, a la Información, la Acción Colectiva y el Amparo, la elección de Presidente mediante Voto Directo y Balotaje – que hasta ahora viene resultando a favor de partidos políticos antipopulares por efecto de la carísima y poderosa estrategia publicitaria del empresariado–, etc.

Todo esto no contiene ni acompaña a la ciudadanía que repudia la quita de Derechos, el desguace del Estado garante de Derechos, el saqueo de los bienes comunes y la entrega de soberanía que impulsan todos los gobiernos genuflexos con el poder global financiero.

Experiencias anteriores

La participación ciudadana empieza en el territorio con canales institucionalizados y reconocidos por los Concejos Deliberantes como actores de gestión, guste o no a las autoridades del mismo.

Sería fundamental activar las Asambleas Barriales y la reposición de experiencias que acercaran a los habitantes a interesarse, interactuar con sus vecinos y facilitar sus propuestas, como el Presupuesto Participativo, Mesas Permanentes de Higiene Participativa, Programa Participativo para la Cultura, de Gestión Social, de la Juventud, etc, que promueve el interés de quienes participan por el conocimiento de leyes y de los Derechos que lo asisten; de esto solo quedaron las palabras para el nombre de las oficinas municipales, Centros de Gestión y Participación, dispersos por localidades, muy deficientes como convocante ciudadano.

La decepción es altamente dañina al espíritu comunitario y se vuelve tóxica cuando tiene la certeza de no poder hacer nada para impedir que un gobierno como el libertario-pro, le arranque todo, hasta la dignidad, o como el anterior gobierno de Alberto Fernández, sumido en sus propios objetivos y el afán de no enojar a los poderosos. Y allí surge la insatisfacción democrática; como hemos visto en las elecciones del 2023 que surge un gobernante disruptivo pero que es en realidad un mamarracho de sus patrocinadores globales.