Yo estudié economía para entender el mundo; nunca me ajusté a una anteojera ideológica que me lo explicara. Primero miré al mundo, y luego busqué una explicación. Lamentablemente el actual gobierno funciona al revés: tiene una explicación, pretende ajustar la realidad a su teoría.

Suponen que el problema inflacionario es una mera cuestión monetaria, y el superávit fiscal es para no emitir. En la misma linea han transferido de la deuda del Banco Central al tesoro, para que este tampoco emita.

Suponen que los mercados se autorregulan, por lo que deben quitarse todas las reglamentaciones, y para esto crearon el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Suponen que los actores económicos utilizarán sus capacidades al máximo, por lo que, de retirarse el estado, el mercado ocupará ese lugar. Según ellos el libre mercado soluciona el desempleo que la motosierra genera. Por este supuesto, ante la recesión del 2024, esperaban que el mercado solito produjera una reactivación económica.

Pero el mundo no funciona así. El mundo real amplifica los “desequilibrios”, no los elimina. La reducción de los empleados y de la inversión públicos significaron menos demanda, menos ventas y así menos empleo privado. La reducción en más de 60.000 empleos públicos, significó que hasta agosto 2025 se destruyeron 236.139 puestos de trabajo formales.

El consumo, la construcción, la actividad hotelera y la industrial están entre 8% y 24% por debajo del inicio del gobierno en 2023, según observa el último informe del propio FMI; que es uno de los defensores del gobierno, y ha arriesgado mucho dinero en ello. Nuestro presidente es un fanático, que no modifica sus creencias pese que la realidad lo contradiga.

La política fiscal de estos casi dos años es de manual neoliberal: elimina las políticas de desarrollo (promoción del transporte y la energía), anula la inversión pública y discontinua gran parte de las políticas sociales, incluso las dirigidas a los más desprotegidos.

El rol del estado es uno de los principales ejes del disenso entre las teorías económicas. Algunas polémicas se centran en cuáles son los bienes y servicios que deben, o conviene que, sean provistos por el Estado.

Para el pensamiento neoclásico, los defensores de la libre empresa, la función del Estado debería limitarse básicamente a cuatro funciones: la administración del Estado, la justicia, la defensa (contra la agresión externa), seguridad (defensa las personas y de la propiedad).

La escuela neoclásica considera que el mercado asigna correctamente los recursos, por lo que el camino a la mejor alternativa (hablan del “óptimo social”), es el libre mercado. Así proponen un Estado lo más pequeño posible. Nuestro presidente adhiere fervorosamente a una versión extrema de esta escuela de pensamiento.

La crisis del sistema económico mundial de 1929 mostró la incapacidad de los mercados de autorregularse ante una crisis. Como la teoría no reconocía la realidad (los mercados no se auto regulaban y la crisis se profundizaba); se generó una nueva corriente de pensamiento. Esta, destaca la necesidad de la intervención del Estado para evitar las crisis. Nació así el paradigma keynesiano, y sus propuestas se implementaron en la mayoría de los países capitalistas. El primer caso de aplicación fue el del Roosevelt en los EEUU, y sus planes sociales y de obra pública.

Esta corriente considera que es conveniente establecer pisos sociales. Así se desarrolló el “Estado de bienestar”, Significó la incorporación a la provisión pública, de una serie de bienes y servicios sociales (previsión social, educación, salud, red vialidad, agua potable y acceso a la vivienda). Esta visión da especial énfasis en la regulación de la económica, para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico.

Por último desde el marxismo, el socialismo real le otorgó al Estado la administración del conjunto de la actividad económica, mediante la planificación centralizada. Para estos el rol del Estado es la administración de la producción de la economía, con el objeto de mejorar la distribución de la riqueza y eliminar la ganancia capitalista.

Entre estos extremos, liberal y marxista, el keynesianismo propone diversos grados de intervención pública, para promover el crecimiento y el desarrollo económico, e incrementar el bienestar general y la equidad.

La economía argentina desde fines de la segunda guerra mundial, y pese a los vaivenes políticos, se organizó con esta visión, sosteniendo una suerte de “Estado de bienestar”. Milei está reduciendo o eliminando estas provisiones públicas:

El precio de la energía y el transporte se subsidiaba, para la promoción de la economía, pero también como salario indirecto. En su visión extremista este subsidio debía ser eliminado. Esto afectó tanto la competitividad de los productores (industriales, constructores, comerciantes) al incrementar sus costos, como a las personas al aumentar el costo de vida.

En cuanto a las empresas nacionales, su proyecto es directamente su privatización. Así lo escribieron en la versión original de la ley 27.742, pomposamente llamada “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”.

Una de las principales víctimas es la inversión pública, que fue discontinuada en su casi totalidad, incluyendo obras con niveles de avance superiores al 80%. Entre otras, han quedado a medio construir los gasoductos para traer lo producido en Vaca Muerta a los centros de consumo, y las rutas, que ni siquiera tienen el necesario mantenimiento.

La previsión social cubre al conjunto de los trabajares activos y pasivos, y es la principal erogación de la administración nacional. Del sistema previsional nacional quedaron excluidos solo los trabajadores del estado de 12 provincias, que continúan aun hoy bajo regímenes previsionales provinciales.

En las últimas décadas, desde la dictadura genocida, el empleo en negro aumentó paulatinamente hasta el 43% actual, y los trabajadores sin aportes pierden el derecho jubilatorio. Durante los gobiernos del matrimonio Kirchner se implementaron planes de inclusión, que beneficiaron a casi 4 millones de adultos mayores. La derecha (no solo el gobierno actual) despotrica continuamente contra esta inclusión en la seguridad social nacional.

En 2024 la previsión social representó el 51% de las erogaciones de la Administración Nacional. Es un gasto inflexible, por ser un derecho adquirido, incluyendo a la actualización de haberes; por lo cual no ha podido ser reducido según las pretensiones liberales.

Siguiendo su ideario extremista, el gobierno puso todo su empeño en el control monetario, para así disciplinar la inflación. Ademas de la reducción del gasto público cuasi congelo salarios, y en consecuencia también el consumo. La eliminación de la inversión pública dio el golpe final la actividad económica.

La profunda contracción económica ayudó a alcanzar el control inflacionario, aunque apoyado en un costoso atraso cambiario. Pero el control de la inflación parece estar diluyéndose, al estabilizarse en un 2% mensual, equivalente a una inflación del 26.8% anual.

La promoción de la especulación financiera (la especialidad del Ministro de economía) junto al atraso cambiario, fomentaron una enorme fuga de divisas. Esta se comió el amplio superávit comercial de 2024, los ingresos por el blanqueo y los préstamos externos (FMI, BID, CAF). Ahora se fue a rogar más fondos al gobierno de Trump, para seguir con la misma cantinela.

Esta política nos dejó frente a la crisis cambiaria en pleno estallido. Muchos prevén una crisis de la profundidad del colapso de la convertibilidad. Entre mayo y julio 2025 el dólar cotizaba debajo de $1.200, entre agosto y setiembre escalo hasta $1406, una pérdida de valor del 17%. La corrida continua, hasta vaya uno saber cuando, solo postergada gracias al prometido salvataje yanki.

El programa económico está en un callejón sin salida, no puede permitir la fuga de divisas que ya no tiene. Y este salvataje no incluye fondos frescos. El gobierno del imperio pretende salvar a su aliado argentino, pero su interna no le permite entregar fondos. Lo de Trump aparenta mucho ruido y pocas nueces. ¿Podrá evitar el derrumbe de Milei?

La crisis política, económica y cambiaria será difícil de resolver. Milei es un líder mediático, carente de estructura política, y ha mostrado ser al extremo inflexible. Deberá hacer una profunda modificación de su programa económico, y desechar la rigidez ideológica mostrada en estos casi dos años.

¿Será capaz Milei de adaptarse a su nueva realidad? ¿Serán los apoyos de los sectores dominantes y del imperio capaces de redefinir a su invento libertario?

Los gobernadores conservadores, hoy nucleados en Provincias Unidas, parecen encarar un camino competitivo con el presidente. ¿Podrán tomar la posta?

Y si el gobierno fracasara ¿existe una alternativa capaz de hacerse con el timón? ¿Será acaso el peronismo quien lidere un frente suficientemente amplio y ordenado para este desafío? Mucho dependerá del resultado electoral.