Desde fines de los años ochenta hasta la actualidad, las sociedades latinoamericanas enfrentan una contradicción cada vez más profunda: por un lado, el desplazamiento del espacio público, condición necesaria para el ejercicio de la democracia, hacia los medios de comunicación y, más recientemente, hacia los entornos comunicacionales a través de internet; por otro lado, un salvaje proceso de concentración geográfica y económica de las comunicaciones. El “poder de fuego” que las corporaciones comunicacionales han desplegado recientemente ante las movilizaciones populares y contra los gobiernos que procuraron nacionalizar recursos y redistribuir riquezas en favor de los pueblos son una muestra de las consecuencias que acontecen cuando la expresión en el espacio público queda regulado, en gran medida, por las grandes empresas, sus intereses económicos y sus proyectos ideológicos.

Ante este escenario, la democratización de las comunicaciones fue el horizonte capaz de articular, por momentos con más vitalidad, por momentos con menos, las demandas de diversos actores que pugnaron por transformar el sistema de medios de comunicación. La noción de democracia implicada en esta reivindicación se opone a la concepción liberal que la limita al sufragio y a una forma de gobierno y que se sustenta ideológicamente en la libertad de empresa. Por el contrario, democracia supone aquí ensanchar el ejercicio igualitario de derechos a los diversos ámbitos de la vida donde se ejerce el poder y se vivencian las desigualdades. Entre ellos, las comunicaciones.

A partir de la segunda mitad de la década de 1990 y durante los primeros años del nuevo siglo, el horizonte de democratizar las comunicaciones no sólo inspiró acciones en los territorios locales y demandas frente a los sucesivos gobiernos nacionales. En un contexto de creciente globalización también dio origen a una estrategia de incidencia deliberada, coherente y sostenida a escala regional. Esta estrategia se basó en un accionar que comprendió un inédito activismo en torno al derecho a la comunicación que articuló a expertos y militantes sociales latinoamericanos y que se expresó en diversos foros, cumbres y campañas –en el Foro Social Mundial, en la campaña CRIS en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y en la Cumbre de los Pueblos desarrollada paralelamente a la Cumbre de las Américas-. De este modo, la democratización de las comunicaciones dejaba de ser un asunto de interés exclusivamente para quienes estaban directamente vinculados a los medios –trabajadorxs, investigadorxs o emisoras comunitarias e indígenas marginadas a la ilegalidad– para pasar a ser considerada cuestión estratégica por parte de los movimientos sociales. Asimismo, esta estrategia supuso un trabajo sostenido para incidir en la elaboración de estándares internacionales entendidos como marcos de comprensión del derecho a la libertad de expresión y a la información, con especial atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría especial de Naciones Unidas sobre libertad de opinión y de expresión. También, implicó un trabajo de denuncia y de incidencia para que los Estados asumieran dichos estándares internacionales como orientación de sus propias legislaciones y políticas. Esta estrategia facilitó, en síntesis, la emergencia de la sociedad civil como actor social y político en la lucha latinoamericana por la democratización de las comunicaciones.

El desarrollo de políticas de comunicación tendientes a la democratización por parte de los gobiernos populistas de izquierda latinoamericanos, primeramente, y la reciente regresividad de derechos comunicacionales a partir de las nuevas políticas desplegadas por los gobiernos neoconservadores de la región, desplazaron la atención del activismo de la escena global a los territorios nacionales. Paralelamente, la emergencia de nuevas plataformas y nuevos actores de la comunicación en el contexto de despliegue de internet configuran un escenario que plantea novedosos y urgentes desafíos a quienes pugnan por democratizar las comunicaciones. ¿Cómo regular los servicios OTT desde los principios de diversidad y pluralismo? ¿Cómo garantizar federalismo y producción nacional en estas plataformas? ¿Qué implicancias regulatorias tiene la comprensión del acceso a internet como un derecho? ¿Quiénes y cómo se controla la censura que ejercen los intermediarios de internet como Facebook y Google? ¿Cómo limitar la concentración de las industrias culturales a las que tienden los procesos de convergencia tecnológica? ¿Cómo preservar los derechos de trabajadorxs en tiempos de prosumidores? ¿Qué capacidad legal y qué fuerza política tienen los Estados nacionales en la regulación de los grupos económicos extranjeros dedicados a las comunicaciones?

Dar vida a un nuevo activismo comunicacional de escala latinoamericana que articule a expertos y militantes sociales, que vincule a diversos organismos nacionales e internacionales, que construya respuestas propositivas a estos interrogantes, que renuncie a la marginalidad en tiempos aciagos y tenga profunda voluntad de incidencia, que elabore una estrategia deliberada y sostenida en el tiempo, que despliegue una pedagogía que torne inteligibles para el conjunto de la ciudadanía los desafíos que plantean los entornos digitales, que erija el derecho a la comunicación y la democratización de las sociedades como horizonte irrenunciable puede ser un camino que valga la pena ensayar.

Desde fines de los años ochenta hasta la actualidad, las sociedades latinoamericanas enfrentan una contradicción cada vez más profunda: por un lado, el desplazamiento del espacio público, condición necesaria para el ejercicio de la democracia, hacia los medios de comunicación y, más recientemente, hacia los entornos comunicacionales a través de internet; por otro lado, un salvaje proceso de concentración geográfica y económica de las comunicaciones. El “poder de fuego” que las corporaciones comunicacionales han desplegado recientemente ante las movilizaciones populares y contra los gobiernos que procuraron nacionalizar recursos y redistribuir riquezas en favor de los pueblos son una muestra de las consecuencias que acontecen cuando la expresión en el espacio público queda regulado, en gran medida, por las grandes empresas, sus intereses económicos y sus proyectos ideológicos. Ante este escenario, la democratización de las comunicaciones fue el horizonte capaz de articular, por momentos con más vitalidad, por momentos con menos, las demandas de diversos actores que pugnaron por transformar el sistema de medios de comunicación. La noción de democracia implicada en esta reivindicación se opone a la concepción liberal que la limita al sufragio y a una forma de gobierno y que se sustenta ideológicamente en la libertad de empresa. Por el contrario, democracia supone aquí ensanchar el ejercicio igualitario de derechos a los diversos ámbitos de la vida donde se ejerce el poder y se vivencian las desigualdades. Entre ellos, las comunicaciones. A partir de la segunda mitad de la década de 1990 y durante los primeros años del nuevo siglo, el horizonte de democratizar las comunicaciones no sólo inspiró acciones en los territorios locales y demandas frente a los sucesivos gobiernos nacionales. En un contexto de creciente globalización también dio origen a una estrategia de incidencia deliberada, coherente y sostenida a escala regional. Esta estrategia se basó en un accionar que comprendió un inédito activismo en torno al derecho a la comunicación que articuló a expertos y militantes sociales latinoamericanos y que se expresó en diversos foros, cumbres y campañas –en el Foro Social Mundial, en la campaña CRIS en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y en la Cumbre de los Pueblos desarrollada paralelamente a la Cumbre de las Américas-. De este modo, la democratización de las comunicaciones dejaba de ser un asunto de interés exclusivamente para quienes estaban directamente vinculados a los medios –trabajadorxs, investigadorxs o emisoras comunitarias e indígenas marginadas a la ilegalidad– para pasar a ser considerada cuestión estratégica por parte de los movimientos sociales. Asimismo, esta estrategia supuso un trabajo sostenido para incidir en la elaboración de estándares internacionales entendidos como marcos de comprensión del derecho a la libertad de expresión y a la información, con especial atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría especial de Naciones Unidas sobre libertad de opinión y de expresión. También, implicó un trabajo de denuncia y de incidencia para que los Estados asumieran dichos estándares internacionales como orientación de sus propias legislaciones y políticas. Esta estrategia facilitó, en síntesis, la emergencia de la sociedad civil como actor social y político en la lucha latinoamericana por la democratización de las comunicaciones. El desarrollo de políticas de comunicación tendientes a la democratización por parte de los gobiernos populistas de izquierda latinoamericanos, primeramente, y la reciente regresividad de derechos comunicacionales a partir de las nuevas políticas desplegadas por los gobiernos neoconservadores de la región, desplazaron la atención del activismo de la escena global a los territorios nacionales. Paralelamente, la emergencia de nuevas plataformas y nuevos actores de la comunicación en el contexto de despliegue de internet configuran un escenario que plantea novedosos y urgentes desafíos a quienes pugnan por democratizar las comunicaciones. ¿Cómo regular los servicios OTT desde los principios de diversidad y pluralismo? ¿Cómo garantizar federalismo y producción nacional en estas plataformas? ¿Qué implicancias regulatorias tiene la comprensión del acceso a internet como un derecho? ¿Quiénes y cómo se controla la censura que ejercen los intermediarios de internet como Facebook y Google? ¿Cómo limitar la concentración de las industrias culturales a las que tienden los procesos de convergencia tecnológica? ¿Cómo preservar los derechos de trabajadorxs en tiempos de prosumidores? ¿Qué capacidad legal y qué fuerza política tienen los Estados nacionales en la regulación de los grupos económicos extranjeros dedicados a las comunicaciones? Dar vida a un nuevo activismo comunicacional de escala latinoamericana que articule a expertos y militantes sociales, que vincule a diversos organismos nacionales e internacionales, que construya respuestas propositivas a estos interrogantes, que renuncie a la marginalidad en tiempos aciagos y tenga profunda voluntad de incidencia, que elabore una estrategia deliberada y sostenida en el tiempo, que despliegue una pedagogía que torne inteligibles para el conjunto de la ciudadanía los desafíos que plantean los entornos digitales, que erija el derecho a la comunicación y la democratización de las sociedades como horizonte irrenunciable puede ser un camino que valga la pena ensayar. Por Larisa Kejval - VER MÁS ARTÍCULOS -

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