Elecciones parlamentarias en Venezuela: la batalla estratégica
Astolfo Sangronis Godoy (*)
Venezuela ha sido atacada permanentemente desde todos los ámbitos de la nación (que se convierten en frentes de batalla), durante el período de gobierno de Hugo Chávez (1999-2012) la intensidad de las agresiones variaban según el frente de lucha, intensidad alta en lo político pero moderada en lo económico.


La guerra en el siglo XXI se ha transformado significativamente, dos de los elementos que inciden en estos cambios son; las nuevas tecnologías de la información y la comunicación junto con la relevancia de la opinión pública. Vemos entonces el trasladado de estrategias, tácticas y tecnologías bélicas clásicas al campo político, dicho campo es crucial debido a que puede incidir en el resto de los ámbitos del país, como el económico, el social, el militar, entre otros. Esto no significa que la guerra tradicional (agresión física con armas de guerra) ha sido descartada, sencillamente a quedado relegada a un segundo plano. Por estas razones en el nuevo tipo de guerra prevalece la desestabilización política, económica y social, la cual persigue replicar los efectos de una guerra convencional, es decir, un bombardeo pero sin las bombas. Los sabotajes, el bloqueo comercial y financiero, las operaciones psicológicas y la manipulación mediática, por ejemplo, no son nuevas, no obstante, lo novedoso es el enfoque integral que lleva los ataques de forma sistematizada a todos los ámbitos del Estado-Nación, esto con el fin de ir asfixiándolo y debilitándolo hasta el punto de poder desintegrarlo, esto es lo que se conoce como la Guerra Integral.

Venezuela ha sido atacada permanentemente desde todos los ámbitos de la nación (que se convierten en frentes de batalla), durante el período de gobierno de Hugo Chávez (1999-2012) la intensidad de las agresiones variaban según el frente de lucha, intensidad alta en lo político pero moderada en lo económico. Esto se debe a que uno de los objetivos de los ataques era (y sigue siendo) crear condiciones inaguantables para la sociedad al punto de sacar por la vía electoral al presidente o, en el peor de los casos, que el pueblo aceptara pasivamente la salida violenta, como un golpe de Estado o un magnicidio. La inflación en el período de 13 años de Chávez se mantuvo estable con un promedio de 22%, sin embargo, al morir (asesinar) Hugo Chávez, la guerra llevó a su nivel más intenso y agresivo la ofensiva económica. Lo que explica, en parte, la actual crisis en éste país. El ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, declaró que “es como en 'Star Wars', cuando Darth Vader ahorca a alguien; eso es lo que estamos haciendo económicamente con el régimen.” Otro diplomático estadounidense, Thomas Shannon, ex director del Departamento de Estado para la División del Hemisferio Occidental, reconoció que lo daños hechos a Venezuela por las acciones estadounidenses eran equiparables a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial: “más o menos como el bombardeo a Dresde y a Tokio. Estamos viendo la destrucción de Venezuela como país y como sociedad.” Los bombardeos que cita el diplomático dejaron, en Dresde, 150.000 muertos en pocos días y, en Tokio, acabaron con más de la mitad de la infraestructura industrial de la ciudad. El bloqueo comercial y financiero, el desabastecimiento programado y el ataque al poder adquisitivo (induciendo la depreciación de la moneda) han llevado a Venezuela a tener cifras económicas similares a Libia o Yemén, países en guerra y donde predomina la agresión militar.

La Guerra Integral se caracteriza por tener dos estructuras que dirigen y ejecutan las acciones hostiles; la primera es la estructura institucional, que hace todo lo posible por obtener el cambio de gobierno utilizando los mecanismos democráticos dentro de la legalidad, entre ellos están los partidos políticos, las ONGs, el sector económico privado, universidades, entre otros y, en segundo lugar, se encuentra la red clandestina, la cual trabaja al margen de la ley porque utilizan la violencia como medio para la salida del gobierno, algunos actores de ésta estructura son los paramilitares y el crimen organizado. Aunque siempre trabajan de forma coordinada, normalmente la red institucional lleva el liderazgo estratégico. A partir del año 2017, Donald Trump le da luz verde a los halcones del Pentágono para usar los mecanismos violentos como primera opción para sacar a Nicolás Maduro. Ese año se estimulan una serie de protestas violentas masivas y por todo el país (las llamadas Guarimbas), el objetivo de estas protestas era provocar una escalada violenta que desembocara en una guerra civil. A pesar de que hubo decenas de muertos y heridos, el plan fue desactivado gracias a la propuesta del presidente Maduro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, la participación democrática en estas elecciones desbarataron la iniciativa violenta, lo que ratificó el carácter democrático del gobierno. Los dirigentes opositores que impusieron la violencia (rechazando ir a cualquier tipo de elección que, según ellos, legitimara al gobierno) por sus mismas acciones pasaron a ser políticos prófugos de la ley.

En 2018 se realizaron las elecciones presidenciales la cual se caracterizó por un choque de estrategias entre la red institucional, que pensaba que había oportunidad de ganar la presidencia con votos y la estructura violenta que prefería la unidad pero para sacarlo por la vía violenta. Maduro es reelegido evitando, igual que en 2017, por medio de mecanismos democráticos la guerra física en Venezuela. La respuesta de los violentos fue un intento frustrado de magnicidio contra Maduro, en agosto de 2018, pero que dejó varios heridos. En 2019 la Casa Blanca emprendió una nueva ofensiva, la creación de un gobierno paralelo encabezado por el diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente de Venezuela. Nuevamente, por la vía de la fuerza y acompañado de sanciones ilegales, se pretendió introducir sin el permiso del gobierno venezolano una supuesta “ayuda humanitaria” por la frontera de Colombia y Brasil, países aliados de Estados Unidos. Estas acciones fracasaron, luego, el 30 de abril de ese año, intentaron otro golpe de Estado que también fracasó. Trump se equivocó al pensar que en pocas semanas Maduro estaría muerto o secuestrado en Miami, no obstante, al no poder sacar a Maduro se apropió ilegalmente, en alianzas con otros gobiernos, de más de 30.000 millones de dólares en dinero y activos, lo que incluye el robo de la empresa venezolana Citgo. En mayo de 2020, otro intento de golpe y magnicidio fue neutralizado al capturar a varios mercenarios, incluyendo dos soldados estadounidenses, que intentaron desembarcar en las playas de Venezuela con la finalidad de atacar varios objetivos militares y asesinar al presidente Maduro. Vemos como, hasta ahora, la dirigencia violenta sigue intentando el golpe de Estado y, en paralelo, la destrucción de la economía del país.

Es claro que la estrategia de sacar a Maduro por la fuerza ha fallado cada vez que choca con la unidad cívico-militar del pueblo venezolano. Las próximas elecciones parlamentarias son una oportunidad para que la dirigencia opositora que apuesta al uso de mecanismos democráticos y las bases populares, que se oponen al gobierno, logren crear las condiciones para resolver las diferencias políticas dentro de los marcos legales. El cambio de los rectores del Consejo Nacional Electoral, los indultos a actores políticos acusados por acciones violentas, la ampliación de cargos a elegir, la disposición permanente al diálogo, son algunas de las acciones promovidas por el gobierno que no escatima esfuerzos en lograr las condiciones que, no sólo eviten la guerra armada, sino que permitan alcanzar la estabilidad política, económica y social que el país necesita. La participación de 107 partidos políticos y más de 14.000 candidatos, tanto a favor y como en contra del gobierno, son una señal positiva de que la mayoría del pueblo, independientemente de su posición política, desea evitar el conflicto armado y buscar, por medio del voto, alternativas que permitan superar la situación actual producto de la guerra. Las elecciones parlamentarias son una oportunidad estratégica que significaría una victoria para la democracia y, con una mayoría revolucionaria, se abrirán las puertas para retomar el camino de la estabilidad política, económica y social.



(*) Autor junto a Pascualino Angiolillo Fernández del libro recientemente editado por nuestro sello "Intervencionismo y Guerra Integral (Primera aproximación teórica)". Un profundo análisis de los tipos de intervención del imperio y la nueva Guerras del Siglo XXI, con prólogo de Atilio Alberto Boron.

La guerra en el siglo XXI se ha transformado significativamente, dos de los elementos que inciden en estos cambios son; las nuevas tecnologías de la información y la comunicación junto con la relevancia de la opinión pública. Vemos entonces el trasladado de estrategias, tácticas y tecnologías bélicas clásicas al campo político, dicho campo es crucial debido a que puede incidir en el resto de los ámbitos del país, como el económico, el social, el militar, entre otros. Esto no significa que la guerra tradicional (agresión física con armas de guerra) ha sido descartada, sencillamente a quedado relegada a un segundo plano. Por estas razones en el nuevo tipo de guerra prevalece la desestabilización política, económica y social, la cual persigue replicar los efectos de una guerra convencional, es decir, un bombardeo pero sin las bombas. Los sabotajes, el bloqueo comercial y financiero, las operaciones psicológicas y la manipulación mediática, por ejemplo, no son nuevas, no obstante, lo novedoso es el enfoque integral que lleva los ataques de forma sistematizada a todos los ámbitos del Estado-Nación, esto con el fin de ir asfixiándolo y debilitándolo hasta el punto de poder desintegrarlo, esto es lo que se conoce como la Guerra Integral.

Venezuela ha sido atacada permanentemente desde todos los ámbitos de la nación (que se convierten en frentes de batalla), durante el período de gobierno de Hugo Chávez (1999-2012) la intensidad de las agresiones variaban según el frente de lucha, intensidad alta en lo político pero moderada en lo económico. Esto se debe a que uno de los objetivos de los ataques era (y sigue siendo) crear condiciones inaguantables para la sociedad al punto de sacar por la vía electoral al presidente o, en el peor de los casos, que el pueblo aceptara pasivamente la salida violenta, como un golpe de Estado o un magnicidio. La inflación en el período de 13 años de Chávez se mantuvo estable con un promedio de 22%, sin embargo, al morir (asesinar) Hugo Chávez, la guerra llevó a su nivel más intenso y agresivo la ofensiva económica. Lo que explica, en parte, la actual crisis en éste país. El ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, declaró que “es como en 'Star Wars', cuando Darth Vader ahorca a alguien; eso es lo que estamos haciendo económicamente con el régimen.” Otro diplomático estadounidense, Thomas Shannon, ex director del Departamento de Estado para la División del Hemisferio Occidental, reconoció que lo daños hechos a Venezuela por las acciones estadounidenses eran equiparables a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial: “más o menos como el bombardeo a Dresde y a Tokio. Estamos viendo la destrucción de Venezuela como país y como sociedad.” Los bombardeos que cita el diplomático dejaron, en Dresde, 150.000 muertos en pocos días y, en Tokio, acabaron con más de la mitad de la infraestructura industrial de la ciudad. El bloqueo comercial y financiero, el desabastecimiento programado y el ataque al poder adquisitivo (induciendo la depreciación de la moneda) han llevado a Venezuela a tener cifras económicas similares a Libia o Yemén, países en guerra y donde predomina la agresión militar.

La Guerra Integral se caracteriza por tener dos estructuras que dirigen y ejecutan las acciones hostiles; la primera es la estructura institucional, que hace todo lo posible por obtener el cambio de gobierno utilizando los mecanismos democráticos dentro de la legalidad, entre ellos están los partidos políticos, las ONGs, el sector económico privado, universidades, entre otros y, en segundo lugar, se encuentra la red clandestina, la cual trabaja al margen de la ley porque utilizan la violencia como medio para la salida del gobierno, algunos actores de ésta estructura son los paramilitares y el crimen organizado. Aunque siempre trabajan de forma coordinada, normalmente la red institucional lleva el liderazgo estratégico. A partir del año 2017, Donald Trump le da luz verde a los halcones del Pentágono para usar los mecanismos violentos como primera opción para sacar a Nicolás Maduro. Ese año se estimulan una serie de protestas violentas masivas y por todo el país (las llamadas Guarimbas), el objetivo de estas protestas era provocar una escalada violenta que desembocara en una guerra civil. A pesar de que hubo decenas de muertos y heridos, el plan fue desactivado gracias a la propuesta del presidente Maduro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, la participación democrática en estas elecciones desbarataron la iniciativa violenta, lo que ratificó el carácter democrático del gobierno. Los dirigentes opositores que impusieron la violencia (rechazando ir a cualquier tipo de elección que, según ellos, legitimara al gobierno) por sus mismas acciones pasaron a ser políticos prófugos de la ley.

En 2018 se realizaron las elecciones presidenciales la cual se caracterizó por un choque de estrategias entre la red institucional, que pensaba que había oportunidad de ganar la presidencia con votos y la estructura violenta que prefería la unidad pero para sacarlo por la vía violenta. Maduro es reelegido evitando, igual que en 2017, por medio de mecanismos democráticos la guerra física en Venezuela. La respuesta de los violentos fue un intento frustrado de magnicidio contra Maduro, en agosto de 2018, pero que dejó varios heridos. En 2019 la Casa Blanca emprendió una nueva ofensiva, la creación de un gobierno paralelo encabezado por el diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente de Venezuela. Nuevamente, por la vía de la fuerza y acompañado de sanciones ilegales, se pretendió introducir sin el permiso del gobierno venezolano una supuesta “ayuda humanitaria” por la frontera de Colombia y Brasil, países aliados de Estados Unidos. Estas acciones fracasaron, luego, el 30 de abril de ese año, intentaron otro golpe de Estado que también fracasó. Trump se equivocó al pensar que en pocas semanas Maduro estaría muerto o secuestrado en Miami, no obstante, al no poder sacar a Maduro se apropió ilegalmente, en alianzas con otros gobiernos, de más de 30.000 millones de dólares en dinero y activos, lo que incluye el robo de la empresa venezolana Citgo. En mayo de 2020, otro intento de golpe y magnicidio fue neutralizado al capturar a varios mercenarios, incluyendo dos soldados estadounidenses, que intentaron desembarcar en las playas de Venezuela con la finalidad de atacar varios objetivos militares y asesinar al presidente Maduro. Vemos como, hasta ahora, la dirigencia violenta sigue intentando el golpe de Estado y, en paralelo, la destrucción de la economía del país.

Es claro que la estrategia de sacar a Maduro por la fuerza ha fallado cada vez que choca con la unidad cívico-militar del pueblo venezolano. Las próximas elecciones parlamentarias son una oportunidad para que la dirigencia opositora que apuesta al uso de mecanismos democráticos y las bases populares, que se oponen al gobierno, logren crear las condiciones para resolver las diferencias políticas dentro de los marcos legales. El cambio de los rectores del Consejo Nacional Electoral, los indultos a actores políticos acusados por acciones violentas, la ampliación de cargos a elegir, la disposición permanente al diálogo, son algunas de las acciones promovidas por el gobierno que no escatima esfuerzos en lograr las condiciones que, no sólo eviten la guerra armada, sino que permitan alcanzar la estabilidad política, económica y social que el país necesita. La participación de 107 partidos políticos y más de 14.000 candidatos, tanto a favor y como en contra del gobierno, son una señal positiva de que la mayoría del pueblo, independientemente de su posición política, desea evitar el conflicto armado y buscar, por medio del voto, alternativas que permitan superar la situación actual producto de la guerra. Las elecciones parlamentarias son una oportunidad estratégica que significaría una victoria para la democracia y, con una mayoría revolucionaria, se abrirán las puertas para retomar el camino de la estabilidad política, económica y social.



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