De 95 años transcurridos desde 1930 al 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Argentina durante 26 años fue cómplice de los gobiernos militares y de los gobiernos fraudulentos que pudieron existir con apoyo militar y con el silencio cómplice con el cual fue parte conjuntamente con el resto del aparato de la justicia argentina que incluso guardó silencio ante delitos de lesa humanidad.

La etapa siniestra de la Suprema Corte de Justicia se inicia con el golpe militar a Hipólito Irigoyen el 6 de septiembre de 1930. El 14 de septiembre de reunió con el Presidente de facto General José Félix Uriburu, en la entrevista le entregaron una Acordada con fecha antedatada del 10 de septiembre en la cual se reconocía la legalidad de los gobiernos de hecho. En ese momento integraban la Corte Suprema de los 5 integrantes establecidos 4 de ellos eran José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna. La Acordada fue firmada también en forma irregular por el Procurador General de la Nación Horacio Rodríguez Larreta, quien indudablemente no se quiso privar de ser parte conjuntamente con la Suprema Corte de estar al servicio de las dictaduras. Todos ellos siguieron integrando la Corte Suprema, Alcorta hasta 1931 año en el cual falleció, Lavalle hasta su fallecimiento en 1933, Repetto se mantuvo en la Corte hasta 1946 y Sagarna lo hizo incluso en 1947, en cuanto al Procurador General Larreta murió ejerciendo el cargo en 1935. Los gobiernos militares y los surgidos del fraude electoral evidentemente los recompensaron por su complicidad.

Veinticinco años más tarde se produjo en la Argentina un nuevo golpe militar contra un Gobierno Constitucional del general Juan D. Perón. Esta vez el gobierno militar directamente nombró una nueva Corte Suprema que convalidó las acciones de gobierno del gobierno de facto legalizándolas, siendo cómplice de proscripciones, encarcelamientos arbitrarios e incumplimientos constitucionales.

En el año 1962 un golpe militar encarcela al Presidente Dr. Arturo Frondizi, la Suprema Corte no tomó postura oficial ni condenó el golpe, siendo su actitud posterior de colaboración con el golpe.

Los Argentinos y Argentinas el 28 de junio de 1966 nuevamente fuimos víctimas de un nuevo golpe militar contra un gobierno constitucional, una vez más contra un presidente radical Dr. Arturo Illia. Las fuerzas armadas ejercieron el gobierno dictatorialmente hasta el año 1973. La nueva Suprema Corte designada por la dictadura encabezada por el general Onganía estaba compuesta por Ortiz Basualdo, Borda, Chute, Cabral, Risolia, Bidau y desde 1971 con la primera mujer en integrar la Suprema Corte, Margarita Arguas. Esta Corte no solamente legitimó el derrocamiento del gobierno constitucional sino que aceptó la supremacía de normas como El Estatuto de la Revolución Argentina sobre la Constitución Nacional.

Diez años más tarde de este último golpe militar y de la constitución de un gobierno constitucional en septiembre de 1973 encabezado por Juan D.Perón que ganó las elecciones con un 61,85 % de los votos con una participación del 84,23 de los ciudadanos, elección solamente comparable con la de Irigoyen en 1928 que ganó con un 61,46% con una participación ciudadana del 80.86%, ya habiendo fallecido Perón estando en ejercicio de la Presidencia Isabel Martínez un nuevo golpe militar reemplaza un gobierno constitucional por una dictadura, esta será la más sanguinaria de la historia Argentina. Este golpe militar impulsado como todos los otros por intereses económicos nacionales e internacionales y por los medios de comunicación masivos al servicio de esos intereses, se realizó pese a que un sector de las Fuerzas Armadas no quería interrumpir el orden constitucional, en esta ocasión pasó exactamente igual que en los demás golpes militares, los miembros de la Fuerzas Armadas que no estaban de acuerdo con el golpe rápidamente fueron pasados a retiro en el mejor de los casos y neutralizados.

El periodo constitucional esta vez había durado, contando el corto Gobierno de Cámpora, solamente 36 meses, interrumpiéndolo el golpe encabezado por el general Videla del 24 de marzo de 1976. La nueva dictadura declaró caducos los mandatos del Poder Ejecutivo Nacional y los Poderes Ejecutivos de todas las Provincias, disolvió el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales, removió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de los tribunales superiores de justicia de las provincias. La mayoría de los integrantes del Poder Judicial contribuyó con el régimen, le proveyó legitimidad, por ejemplo con la denegación sistemática del hábeas corpus y la instrucción de causas penales fraudulentas, también se apercibió a los jueces de instancias inferiores que realizaban las instrucciones penales correctamente.

La junta militar designó 8 días después de asumir 5 jueces nuevos en la Suprema Corte, los cuales mantuvieron la ficción que en la Argentina funcionaba un Poder Judicial independiente. Estos nuevos integrantes de la Corte Suprema no dudaron en jurar respetar los objetivos básicos fijados por la junta militar, el estatuto para el proceso de reorganización nacional y a la vez lo hicieron también por la Constitución Nacional.

Los miembros de la Corte Suprema que fueron cómplices de la dictadura militar en todos los crímenes de lesa humanidad y grandes ausentes en el banquillo de la CONADEP han sido en total 12, pues, a los 5 designados en primer término se agregaron otros en reemplazo de los primeros, los mismos son Abelardo F. Rossi, Federico Videla Escalada, Alejandro Caride, Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Pedro Frías, Elías Guastavino, Emilio Daireaux, César Black, Carlos Renom, Emilio Gnecco y Julio C.Vivot. Los Procuradores Generales de este período negro de la justicia fueron Elías Guastavino y Mario Justo López.

Hoy la república tiene otra vez una Corte Suprema Irregular en su número y con uno de sus miembros concretamente Carlos Rosenkantz con la sombra sobre su designación de las irregularidades constitucionales cometidas en la misma, ya que en primera instancia el Presidente Macri por decreto 83/2015 de fecha 14 de diciembre del 2015 lo designó en comisión como miembro de la Suprema Corte, decreto que los más destacados constitucionalistas calificaron como inconstitucional. Recién 6 meses más tarde, en junio del 2016, el Senado dio el acuerdo a la designación. Esta Corte hace horas ha tenido la responsabilidad de emitir un fallo en la causa seguida contra Cristina Fernández, fallo que ha dividido la opinión pública y de los juristas, otra vez más estamos ante una Corte Suprema constituida irregularmente.

El país necesita una corte independiente e insospechada de partidismo alguno, al servicio de la república y sus ciudadanos y no de los intereses económicos y sensible a las presiones de los medios masivos de comunicación.

El Congreso Nacional debería sancionar una Ley por la cual en la galería de cuadros de la Suprema Corte fueran retirados, aquellos cuadros de los que la integraron designados por gobiernos militares y por haber jurado obediencia a estatutos, objetivos y planes de reorganización nacional ajenos a lo establecido por la Constitución Nacional.