Bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, el 27 de agosto de 1987 fue inaugurado el Hospital Garrahan. Fue concebido como un nuevo modelo de atención en salud por un grupo destacado de médicos del Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires a fines de los años 60’. Allí ya se destacaba como un hospital de referencia tanto para Argentina como Latinoamérica, en la alta complejidad pediátrica, como así también en un centro de formación, docencia e investigación acorde a su nivel de complejidad.

En su sitio web se destaca que “la organización propuesta se basó en el concepto del cuidado del paciente, lo que significaba que la estructura de los servicios del hospital debe satisfacer las necesidades médicas y de enfermería de los pacientes en cada etapa de su enfermedad, al tiempo que implicaba modificar la tradicional estructura de los profesionales del departamento médico". Todas estas características esbozadas son parte integral actual del nosocomio.

En lo que concierne a su estructura de poder, es autárquico y gestionado por un Consejo de Administración. Esta forma de gestión fue pensada con el objetivo de consolidar una estructura eficiente y desburocratizada, funcionando así de forma descentralizada, dotando al consejo citado con capacidad para definir sobre los aspectos económicos financieros, selección del personal, compras y contrataciones. Bajo este espíritu, el hospital administra el presupuesto otorgado por el Estado Nacional, y percibe, por fuera, ingresos por cada paciente derivado de prepagas y obras sociales. Durante el primer año de funcionamiento el hospital recibió más de 21.000 consultas ambulatorias mensuales y contaba con 400 camas de internación en cuidados medios e intensivos. Los últimos datos oficiales que datan del año 2023, arrojaron en comparación un crecimiento del 250% en consultas ambulatorias y del 180% en camas de internación.

El reclamo sindical de los residentes

En un escenario de pauperización de salarios a nivel nacional, se enmarca el reclamo de los médicos residentes del Hospital Garrahan, quienes se autoconvocaron a un plan de lucha para denunciar públicamente su situación salarial en forma de paros y jornadas de movilización, contemplando la atención y guardias mínima. Sin embargo, el Consejo de Administración del Hospital, en una clara línea con el gobierno nacional, radicó en la justicia civil una medida cautelar para frenar dicho derecho a la lucha amparado por la Constitución Nacional, sopretexto de “garantizar la atención médica”.

Cada uno de los profesionales de este nosocomio lleva consigo al menos diez años de formación entre la carrera de medicina y las especializaciones. Las residencias tienen lugar en las prácticas de profesionalización de saberes profundos y coordinados por médicos en jefe que inician a estos profesionales en las áreas competentes de cada especialidad elegida. Todos los residentes del hospital dependen del Ministerio de Salud de la Nación bajo estricta relación de dependencia. Sus jornadas incluyen 8 horas de trabajo diario de lunes a viernes y un cronograma de guardias preestablecidas por semana que asciende a más de 20 horas diarias. En total, los residentes tienen una labor de más de 60 horas semanales por la cual perciben un salario congelado desde diciembre de 2023 (momento en el que asume Javier Milei) de $797.061, equivalente a a U$S 665 al mes, y U$S 2,40 la hora. Así las cosas, es preciso aludir a los propios números de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), donde se revela que una familia de cuatro integrantes necesitó en el mes de abril $1.110.063 para no caer en la línea de pobreza.

Dicho esto, y frente al reclamo de los residentes, el gobierno nacional hizo lo que mejor que sabe hacer: instalar en redes sociales como en medios tradicionales el discurso banal de que esta situación no es más que una estrategia opositora de politización “kirchneristas” que “refugia ñoquis” en el hospital, con la pretensión de “dañar la figura del presidente Javier Milei”. Luego de unos días, al verse agotado este discurso por la participación activa de la población en las demandas esgrimidas por el cuerpo de residentes, se pone en articulación la versión varias veces repetida con anterioridad, de que hay cuentas que no cierran porque en el hospital se “dibujan los números”.

En cuanto a esto, es de destacar las alocuciones de la Diputada oficialista Juliana Santillán en el debate que tuvo lugar el 3 de junio en la señal televisiva TN junto a médicas residentes, donde la diputada en post de desligarle responsabilidad alguna al gobierno actual, alega en tono acusatorio: “¿ustedes se quejaban en el Kirchnerismo de que no llegaban a la canasta básica?” aludiendo la causa salarial a un contexto anterior. Lo cierto es que el gobierno de Milei ya lleva dos años en el poder, por lo que toda responsabilidad es de ellos, tal como le responde una de las médicas: “En este momento, las personas que se tienen que hacer cargo de nuestra situación es el Ministerio de Salud de la Nación, porque ellos quisieron ocupar ese cargo”.

Este debate se dio el día posterior a la audiencia establecida por conciliación obligatoria donde representantes del Ministerio de Salud de Nación realizaron a los residentes una oferta de $300.000 no remunerativos: un bono, que, se sabe, implica un nulo impacto en el salario básico; es que como es sabido, todo aumento de tipo no remunerativo se establece por medio de un decreto y sin ningún tipo de garantías de continuidad. En tanto, dicha reunión concluyó con el rechazo de la “oferta”, a la cual le valió el calificativo de “indignante” por “no estar a la altura de lo que está pasando”. In situ se convocó a un paro inmediato.

Una misma lucha “contra el ajuste y la crueldad”

Con este lema, el miércoles 4 de junio, y con réplicas en las principales capitales del país, se congregaron en el Palacio de los Dos Congresos las demandas de jubilados, médicos residentes, científicos, universidades, el sector de la discapacidad, y movimientos de diversidad sexual y feminismos; todos ellos victimas de epítetos agresivos propinados por el presidente Milei y su séquito de adeptos y funcionarios, tanto en materia discursiva como en políticas de Estado. Estos actores se concentraron y movilizaron entendiendo la necesidad de unir fuerzas ante un gobierno que traza sus políticas de tierra arrasada en todas las áreas posibles con la excusa de bajar el gasto y la única respuesta es la de la “motosierra”.

Todos los miércoles los jubilados son protagonistas de una lucha cuerpo a cuerpo con la policía, que se dedica a gasearlos y golpearlos, por pretender una jubilación que los saque de subsuelo de la línea de pobreza. En tanto, a la fecha un jubilado que percibe la mínima cobra $304.783 (unos u$s 250); tomando en consideración que un alquiler de un departamento de dos ambientes en el Área Metropolitana de Buenos Aires ronda alrededor de los $400.000 (U$S 330): la situación es gravísima. Es que, a mediados de septiembre de 2024, el poder ejecutivo vetó el aumento votado por amplia mayoría del 8.1% a principios de dicho mes en las dos cámaras en post de recomponer las jubilaciones y pensiones.

¿Cómo se puede entender a un gobierno que pone todas las herramientas del Estado en post de combatir a los ciudadanos más vulnerables? Y no solo con las herramientas de dicho Estado, sino también desde la discursividad. ¿Por qué por estos días tuvimos que escuchar de la boca del propio presidente aludir a un niño de 12 años de edad, primero, y segundo con una discapacidad, que mediante su cuenta oficial de Twitter publicó acusándolo de “kuka”, y de opera en detrimento de su gobierno por “estar del lado del mal”, cuando este niño con Autismo era entrevistado por el periodista Paulino Rodrígues de LN+?

Así las cosas, la realidad de los residentes del Garrahan puede entenderse también como un ataque indirecto a las niñeces, al futuro, a la inocencia de una población que lo que necesita es presencia, amor, paz, felicidad, un bienestar que solo puede darse cuando el Estado acompaña y está presente en todo su esplendor, esto es, desde las infraestructuras necesarias hasta en el cuidado de la salud mental de quienes son parte integrante y esencial del cuidado y la atención en el óptimo funcionamiento del sistema de la salud pública.