Con dos intentos sepultados por el lobby del agronegocio y otras yerbas, este año -seguramente por la presión social movilizada por las quemas intencionales en el delta del Paraná- el Congreso Nacional inició un nuevo tratamiento de la Ley de Humedales.

En la Cámara de Diputados se presentaron 8 anteproyectos, lo cual, para la abogada ambientalista Andrea Burucúa, “demuestra que hay acuerdo en tratar el tema”.

Los Senadores no quisieron quedar relegados y presentaron 3 anteproyectos, uno del dúo González-Bullrich. Esto, a Burucúa, le hizo ruido porque “normalmente el trabajo se inicia en una cámara y se pasa a la otra que es la revisora”. Esperemos que no sea un entorpecimiento del trabajo legislativo.

Además de los conocidos humedales deltaicos, en Argentina existen muchas otras formaciones que están descriptas en el inventario que se encuentra en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Muchos de ellos están amenazados por el agronegocio, la minería de litio, los negocios inmobiliarios. “La ley debe regular qué se puede hacer y qué no. Y apenas se reglamente, los principios mínimos de protección deben estar vigentes y se deben aplicar a todos los humedales, aún a aquellos que no estén inventariados”, sostuvo la abogada.

Como dice el refrán, hecha la ley, hecha la trampa. ¿Cuál sería la trampa en este caso? Que la aplicación de la ley quede supeditada a la realización de un ordenamiento territorial y/o inventarios, con moratorias de 5 a 7 años. Andrea Burucúa puso un ejemplo: “El ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires se terminó en 2018 y la ley de bosques es de 2008”. O sea que la provincia se tomó 10 años!! para establecer qué bosque es verde y qué bosque es rojo. ¿Y mientras tanto? Ya sabemos: avanza el enemigo.

Otro tema que complica la aplicación de las leyes nacionales es el carácter federal de nuestro país. También para este caso la especialista tuvo un ejemplo: “Inventariar glaciares tampoco fue sencillo, por ejemplo, meterse en San Juan fue complejo”. Para la ley en cuestión, Corrientes ya se opone: muchos son los intereses de los productores de arroz.

En las videoconferencias organizadas por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, cuyo presidente es el diputado Leonardo Grosso, hablaron investigadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil que, desde hace décadas, luchan por preservar los ambientes naturales para todos y todas. En sus exposiciones ha quedado claro que, para asegurar que las leyes se cumplan, debe haber participación ciudadana vinculante, porque hasta ahora, las audiencias públicas o comités asesores han sido instrumentos de una mascarada de participación.

Antonio Traba, integrante de la Fundación Alem, expresó que “es necesario que los actores locales formulen planes de manejo específicos y los gestionen”.

Por su parte, Adriana Anzolín, de la Red de Organizaciones del río Luján, reclamó acceso de la comunidad a la participación temprana e informada.

Desde la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, Aníbal Faccendini advirtió: “Es necesaria una ley de presupuestos mínimos, pero con eso no alcanza. Nosotros planteamos la necesidad de ciudadanizar los humedales del río Paraná y el río mismo”.

Dado que las intervenciones ejecutadas sobre los humedales por el agronegocio y los desarrollos inmobiliarios son gravísimas y, en muchos casos, irreversibles, Martín Nunziata, de la Asamblea Delta y Río de la Plata, solicitó que se los considere como delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles.

La investigadora Sofía Astelarra, que vive en el delta, habló de la inseguridad vial. “Las lanchas de gran porte incrementan el riesgo social y, además, erosionan las costas, provocando daños y gastos extras a los isleños”. El turismo extractivista desvaloriza a los pobladores locales: con sus modos soberbios, los atropella, los expulsa o los transforma en mano de obra barata y así se pierden “saberes locales asociados al funcionamiento del humedal”. Para evitar esto, Sofía reclamó un diálogo de saberes y la creación de mecanismos para poner en práctica formas de producción sustentable que no están escritas en ningún manual.
Integrante de una cooperativa de mujeres, Dulceras del Río, Tania Giuliani sabe muy bien qué es la producción sustentable: “Nosotras buscamos viejos productores que tienen sus frutales casi abandonados y los revalorizamos agregándole valor”. Con su canoa, recorre los arroyos para entregar verduras agroecológicas. Participa también de una radio cooperativa isleña, que busca fortalecer los vínculos entre productores locales. Su propuesta fue concreta: “La ley de humedales debería apoyar la producción local sustentable, promoviendo la integración a la vida del humedal; la conectividad del territorio, que debe ser para los isleños y no para el turismo depredador; brindar acceso a la vivienda digna y propulsar la soberanía alimentaria”.

Con una experiencia de trabajo de 30 años, Roberto Bo, responsable del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales, de la UBA, no descartó la buena voluntad de los legisladores, sin embargo reconoció: “Hay gente que se opone sin haber leído los proyectos. Dicen que se atenta contra la productividad y nada es más alejado de la realidad. Pero hay que debatir y argumentar y mucha de esa gente no debate porque no tiene argumentos”.

Recordamos a una gobernadora que dijo que los pobres no llegan a la universidad; ahora tenemos que agregar que algunos legisladores, tampoco.

Para que se entienda la importancia de los humedales, Bo recordó que “las grandes civilizaciones han vivido en humedales o cerca de ellos”; y sin irnos tan lejos, sabemos que casi la mitad de la población argentina está asentada sobre la vera del Paraná y del río de la Plata. “Necesitamos de sus bienes y servicios, partiendo de la provisión de agua”.

Como investigador de la Universidad pública, a Roberto le interesa cumplir una función social y así lo hace cuando explica: “En el humedal no se puede sembrar trigo ni soja, en otro lado será muy exitoso, pero no es la realidad del humedal. Si se lo quiere transformar para eso, se destruye un ecosistema altamente productivo que brinda un montón de bienes y servicios tan o más importantes que el trigo y la soja”.

Roberto sabe que los isleños quieren tener mejores condiciones de vida, pero no acceder a ellas no es “consecuencia del humedal, sino de la pobreza”. El olvido o quizás la premeditada ausencia de políticas públicas para este sector, hizo que algunos abandonaran el delta y otros sobrevivieran a la buena de Dios. Aun así, conservan “conocimientos y actividades adaptadas al humedal que son sustentables: trabajo con paja de techar, con junco, caza y pesca artesanal, apicultura, forestación, ganadería adaptada al humedal. Además, pueden ser guías, guardaparques, hacer ecoturismo, pero algunos quieren hacer su negocio y no piensan en dar trabajo al poblador local”.

También ahí debe estar el Estado, con políticas públicas, capacitación, recursos, pues su objetivo debería ser el mismo que tiene Roberto Bo: “Al igual que quiero conservar la biodiversidad del delta, también quiero conservar las tradiciones del habitante de las zonas bajas ribereñas”.

Justamente el mercado inmobiliario puso su ojo y su garra en estas frágiles zonas y “en las últimas tres décadas ha transformado los humedales de manera definitiva”, expresó la geógrafa Patricia Pintos, quien estudió con detalle una forma de ocupación del suelo que condujo a una extrema inequidad. Refulado hidráulico, construcciones de lagunas artificiales, polderizaciones perimetrales, canalizaciones, son todas “acciones que desnaturalizan al humedal, modifican sus condiciones de escurrimiento e infiltración, eliminan de plano sus servicios ecosistémicos, afectan la calidad de los acuíferos subterráneos y todo ello produce un encadenamiento de perjuicios socio-ambientales como la pérdida definitiva de paisajes identitarios, la desaparición de comunidades bióticas propias reemplazadas por otras exóticas y el dramático efecto sobre el agravamiento de las inundaciones”.

Para evitar que las inundaciones sigan amenazando la vida de miles de bonaerenses, el gobierno provincial gasta “enormes sumas de dinero, vía endeudamiento externo” para la construcción de obras hidráulicas que serían rápidamente insuficientes si se permitiese la construcción de más barrios privados. Para que esto no suceda, sería necesario que en el Congreso Nacional se escuche con énfasis: Señores legisladores, nunca más.