El contexto nacional
El 26 de febrero de 2020, cuando ya el conocimiento de la expansión global del nuevo Coronavirus (llamado SARS-CoV-2 y su enfermedad como Covid 19) promediaba los dos meses, se confirmó el primer caso positivo en Brasil; sería también el primero en América Latina. En los días previos, este país sudamericano ya había elevado su alerta de seguridad del nivel 2 (peligro inminente) a nivel 3 (emergencia de salud pública nacional). El ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta expresó: “Ahora vamos a ver cómo se comportará este virus en un país tropical, durante el verano”.

Por entonces, según datos del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE), el desempleo en Brasil subía para el 11,6%, había 12.300.000 desocupados y 38 millones de personas se encontraban en la informalidad. Además, el 10% de la población concentraba el 40% del ingreso.

Luego de aprobada la reforma de las jubilaciones y avanzado del proceso de recortes del sector público y privatizaciones, el nuevo objetivo del gobierno se orientaba a la modificación del sistema tributario, promoviendo cambios regresivos. La nueva estructura propuesta -bajo el argumento de la simplificación y desburocratización- promueven la exención de impuestos sobre ganancias y dividendos, y la creación de un impuesto federal al valor agregado. De esta manera, la reforma impulsada desde el gobierno resulta una tímida propuesta para combatir la influencia de las tributaciones sobre los trabajadores y las trabajadoras y excluye el debate sobre justicia fiscal (la incidencia de los impuestos sobre las grandes fortunas).


Una cronología de la reacción presidencial
El 9 de marzo, en Estados Unidos, el presidente Jair Messias Bolsonaro afirmó que el derrumbe global de los mercados -que había hecho desplomar las acciones de Petrobras y cerrar la Bolsa de São Paulo con una caída del 12%- se debía a que la epidemia del Coronavirus estaba “sobredimensionada”. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) -frente a un escenario sanitario que afectaba los cinco continentes- declaró la enfermedad como “pandemia”.

El 15 de marzo, en Brasilia y otras ciudades, se realizaron concentraciones en apoyo al presidente -a pesar de la suspensión por parte de los organizadores- con pedidos de cierre del Congreso Nacional y del máximo organismo del Poder Judicial (Supremo Tribunal Federal (STF)). Los carteles portados por los simpatizantes pedían la intervención militar y la reedición del Acto Institucional N° 5. El propio presidente participó de las concentraciones en Brasilia, aún bajo la sospecha de haber contraído el COVID 19.

El 18 de marzo, el diputado nacional Eduardo Bolsonaro (Partido Social Liberal), hijo del presidente, utilizó en Twitter la expresión de “virus chino” (semejante a la usada por Donald Trump) para referirse a la enfermedad. En la publicación, comparó la postura China con la desarrollada por la Unión Soviética frente al desastre de Chernobyl. “Una vez más, la dictadura prefirió esconder algo grave antes de exponerlo y tener un desgaste, pero que salvaría innumerables vidas. La culpa es de China y la libertad sería la solución”. El mensaje contra el principal socio comercial de Brasil fue desaprobado por Rodrigo Maia (presidente de la Cámara de Diputados), la Embajada China en Brasil, el vicepresidente Hamilton Mourão, y la ministra Tereza Cristina Correa Da Costa Dias (Agricultura), entre otros. La situación llevó a una comunicación telefónica de Jair Bolsonaro con el presidente chino Xi Jinping, para reafirmar las relaciones diplomáticas y económicas entre las dos naciones.

El 24 de marzo, Bolsonaro -desde la red nacional de radio y televisión- pidió volver a la normalidad, abrir las escuelas y los comercios. Llamó a la pandemia de “gripecita” y acusó de exageración a la prensa. Esa noche ocurrió el octavo cacerolazo consecutivo en las principales ciudades del país.

El 26 de marzo comenzó a circular la campaña “Brasil no puede parar” en las cuentas de las redes sociales de los hijos del presidente, consiguiendo el apoyo de numerosos empresarios. La campaña defendía el llamado “aislamiento vertical”, en el que sólo los grupos en riesgo, como los mayores de 60 años y las personas inmunodeprimidas, serían contemplados en el distanciamiento sanitario.
El 27 de marzo, en diferentes puntos del país, estimulados por el discurso presidencial, numerosos comerciantes y empresarios convocaron distintas manifestaciones con automóviles, pidiendo la reapertura de las actividades económicas y el fin del distanciamiento sanitario. La mayoría de los gobernadores y las presidencias de la Cámara de Diputados y Senadores repudiaron estas iniciativas.

Presionado por medidas judiciales, el gobierno nacional dio marcha atrás con la campaña que promovía la vuelta a las actividades y las manifestaciones tuvieron que ser abandonadas.

El 31 de marzo, ante el crecimiento de la desaprobación popular y el distanciamiento de personalidades de su entorno inmediato y sectores aliados, Bolsonaro cambió el tono y la orientación de su discurso. Después que días atrás había bromeado sobre la enfermedad y llamado a la situación de “histeria” y “fantasía”, definió esa noche que se trataba del “mayor desafío de nuestra generación”. El 1° de abril se informó que el presidente firmó el subsidio de 600 reales (aproximadamente uno US$ 110) para los y las trabajadores informales.

Realineamientos políticos en la cúpula
La llegada de la expansión del Coronavirus aceleró los tiempos políticos. Los principales políticos de la derecha brasileña han comenzado a alejarse de su alineamiento con el presidente.

En febrero, dos potenciales candidatos presidenciales, el gobernador del estado de São Paulo, João Doria, y el de Río de Janeiro, Wilson Witzel, que llegaron al poder en 2018 apoyados en el bolsonarismo, aumentaron su distanciamiento con el primer mandatario. Ambos firmaron carta junto a 20 gobernadores cuestionando que el presidente no contribuye con la “evolución de la democracia” al promover protestas contra el Congreso Nacional. A inicios de marzo, Doria y Witzel se aproximaron para aislar al candidato por la alcaldía de Río de Janeiro que es más cercano a la presidencia. El 31 de marzo, luego de que el domingo 29 Bolsonaro paseó por las calles de Brasilia, Doria afirmó que el primer mandatario “no orienta correctamente a la población” y Witzel sostuvo que el presidente podría ser juzgado por “crímenes contra la humanidad”.

El cuestionamiento de Eduardo Bolsonaro hacia China posibilitó la emergencia de un posicionamiento contrario de los empresarios del agronegocio. El 19 de marzo, el Frente Parlamentario Agropecuario -la llamada “bancada ruralista” (compuesta por 245 diputados y 40 senadores)- emitió una nota en la que sostuvieron que China “es un socio de largos años, con quien tenemos una excelente relación comercial y de amistad” y que “manifestaciones aisladas no representan el sentimiento de una nación o de cualquier sector”. También el Frente Parlamentario Brasil-China (compuesto por 225 legisladores) hizo un cuestionamiento a las declaraciones del hijo del presidente.

El discurso presidencial de la noche del 24 de marzo de 2020, llevó a una oleada de críticas de personalidades políticas. João Amoêdo, líder del Partido Novo, quien apoyó a Bolsonaro en la segunda vuelta electoral de 2018, sostuvo horas más tarde en Twitter que el discurso era “inaceptable” y que el jefe de Estado “debería presentar un plan, mostrar la gravedad de la situación, demostrar equilibrio, o renunciar a su cargo”. Esa misma noche, el presidente del Senado, Davi Alcalumbre, coincidió en que el discurso era “grave” y que el país necesitaba “un líder serio”.

Otra ruptura significativa con el bolsonarismo fue el alejamiento del gobernador de Goias, el médico Ronaldo Caiado. La misma se produjo el 25 de marzo, luego que el presidente cuestionó las decisiones de los gobernadores y las recomendaciones de distanciamiento sanitario dispuestas por las autoridades médicas.

Ese mismo día, el expresidente Fernando Henrique Cardoso -crítico de Bolsonaro- sostuvo en las redes sociales “El momento es serio, no es apropiado politizar, pero oponerse a los infectologistas va más allá de los límites. Si no se calla, estará preparando su fin. Y su fin es mejor que el de todo el pueblo”.

Al día siguiente del discurso que pidió la “vuelta a la normalidad”, 26 gobernadores (de un total de 27) participaron en una reunión por teleconferencia con Rodrigo Maia, para coordinar un plan de acción federal contra el COVID-19. El presidente recibía expresamente una desaprobación generalizada de los mandatarios estaduales.

Luego de los reiterados cuestionamientos del presidente a las medidas de su propio ministro de Salud, el ministro Mandetta, Paulo Guedes (ministro de Economía) y Sergio Moro (ministro de Justicia) se presentaron alineados contra las actitudes y el discurso de Bolsonaro. Moro afirmó “la responsabilidad de orientar sobre el COVID-19 es del Ministerio de Salud” y Guedes planteó “como economista, me gustaría que pudiésemos mantener la producción, y volver lo más rápido posible. Como ciudadano, siguiendo el conocimiento del personal de Salud, prefiero quedarme en casa”. El 31 de marzo serían los encargados de anunciar las medidas de emergencia frente al avance de la enfermedad. Esa misma noche, Bolsonaro cambió el tono de su discurso, reconociendo la gravedad de la situación.



Ese mismo día, otro frente contra los posicionamientos de Bolsonaro cobró fuerza en el STF. Marco Aurélio Mello -uno de los integrantes del Supremo Tribunal- mandó analizar a la Procuraduría General de la República la denuncia que sostiene que, mediante su accionar, Bolsonaro infringió la determinación del poder público de prevenir la introducción o propagación de una enfermedad contagiosa. El 1° de abril, Alexandre de Moraes -otro de los miembros del STF- dio un plazo de 48 horas para que el presidente informe sobre las medidas adoptadas para combatir el avance del nuevo Coronavirus.

La izquierda frente a Bolsonaro y la pandemia
El 19 de marzo, el expresidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva sostuvo que “primero salvamos el pueblo, después la economía”, defendió el distanciamiento sanitario y cuestionó la falta de orientación del gobierno hacia la población.

El 30 de marzo, Fernando Haddad, Tarso Genro y Gleisi Hoffmann (Partido de los Trabajadores), Ciro Gomes (Partido Democrático Laborista), Flavio Dino y Manuela Dávila (Partido Comunista de Brasil), y Guilherme Boulos (Partido Socialismo y Libertad), entre otras personalidades, firmaron una nota conjunta en la que sostuvieron que: “Bolsonaro no puede continuar gobernando Brasil y enfrentar esta crisis, que compromete la salud y la economía. Comete delitos, fraude de información, mentiras y fomenta el caos, aprovechando la desesperación de la población más vulnerable. (…) Bolsonaro es más que un problema político, se ha convertido en un problema de salud pública. Bolsonaro carece de grandeza. Debería renunciar, lo que sería el gesto menos costoso para permitir una salida democrática al país. Necesita urgentemente que lo contengan y que responda por los crímenes que está cometiendo contra nuestro pueblo”.

De cara al futuro, vale balancear aquí tanto las reconfiguraciones del escenario político por derecha como la capacidad de aglutinamiento de las fuerzas de la izquierda brasileña.

En la mayor parte del país, las masas de campesinos pobres, pueblos indígenas, numerosas fracciones del proletariado rural y urbano ven agravadas sus condiciones de desigualdad, falta de alimentos, medicinas e infraestructura habitacional. La crisis ya está siendo aprovechada para una ofensiva del capital en torno a renegociaciones de contratos laborales, reducción salarial y despidos. A medida que avance la pandemia se agudizarán las contradicciones entre las necesidades de contener la enfermedad y la reproducción de la vida cotidiana de las masas populares.

Hasta el momento, aun cuando la realidad se torne borrosa, no están presentes las circunstancias que permitan visualizar que la izquierda encuentre una salida popular a la crisis. El recambio político brasileño emerge con posibilidades para distintas alternativas dentro de las fuerzas de derecha. De todas maneras, está claro que el escenario es imprevisible tanto en términos de costos de vidas humanas como sus efectos sobre la economía y la política.

El contexto nacional El 26 de febrero de 2020, cuando ya el conocimiento de la expansión global del nuevo Coronavirus (llamado SARS-CoV-2 y su enfermedad como Covid 19) promediaba los dos meses, se confirmó el primer caso positivo en Brasil; sería también el primero en América Latina. En los días previos, este país sudamericano ya había elevado su alerta de seguridad del nivel 2 (peligro inminente) a nivel 3 (emergencia de salud pública nacional). El ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta expresó: “Ahora vamos a ver cómo se comportará este virus en un país tropical, durante el verano”. Por entonces, según datos del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE), el desempleo en Brasil subía para el 11,6%, había 12.300.000 desocupados y 38 millones de personas se encontraban en la informalidad. Además, el 10% de la población concentraba el 40% del ingreso. Luego de aprobada la reforma de las jubilaciones y avanzado del proceso de recortes del sector público y privatizaciones, el nuevo objetivo del gobierno se orientaba a la modificación del sistema tributario, promoviendo cambios regresivos. La nueva estructura propuesta -bajo el argumento de la simplificación y desburocratización- promueven la exención de impuestos sobre ganancias y dividendos, y la creación de un impuesto federal al valor agregado. De esta manera, la reforma impulsada desde el gobierno resulta una tímida propuesta para combatir la influencia de las tributaciones sobre los trabajadores y las trabajadoras y excluye el debate sobre justicia fiscal (la incidencia de los impuestos sobre las grandes fortunas). Una cronología de la reacción presidencial El 9 de marzo, en Estados Unidos, el presidente Jair Messias Bolsonaro afirmó que el derrumbe global de los mercados -que había hecho desplomar las acciones de Petrobras y cerrar la Bolsa de São Paulo con una caída del 12%- se debía a que la epidemia del Coronavirus estaba “sobredimensionada”. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) -frente a un escenario sanitario que afectaba los cinco continentes- declaró la enfermedad como “pandemia”. El 15 de marzo, en Brasilia y otras ciudades, se realizaron concentraciones en apoyo al presidente -a pesar de la suspensión por parte de los organizadores- con pedidos de cierre del Congreso Nacional y del máximo organismo del Poder Judicial (Supremo Tribunal Federal (STF)). Los carteles portados por los simpatizantes pedían la intervención militar y la reedición del Acto Institucional N° 5. El propio presidente participó de las concentraciones en Brasilia, aún bajo la sospecha de haber contraído el COVID 19. El 18 de marzo, el diputado nacional Eduardo Bolsonaro (Partido Social Liberal), hijo del presidente, utilizó en Twitter la expresión de “virus chino” (semejante a la usada por Donald Trump) para referirse a la enfermedad. En la publicación, comparó la postura China con la desarrollada por la Unión Soviética frente al desastre de Chernobyl. “Una vez más, la dictadura prefirió esconder algo grave antes de exponerlo y tener un desgaste, pero que salvaría innumerables vidas. La culpa es de China y la libertad sería la solución”. El mensaje contra el principal socio comercial de Brasil fue desaprobado por Rodrigo Maia (presidente de la Cámara de Diputados), la Embajada China en Brasil, el vicepresidente Hamilton Mourão, y la ministra Tereza Cristina Correa Da Costa Dias (Agricultura), entre otros. La situación llevó a una comunicación telefónica de Jair Bolsonaro con el presidente chino Xi Jinping, para reafirmar las relaciones diplomáticas y económicas entre las dos naciones. El 24 de marzo, Bolsonaro -desde la red nacional de radio y televisión- pidió volver a la normalidad, abrir las escuelas y los comercios. Llamó a la pandemia de “gripecita” y acusó de exageración a la prensa. Esa noche ocurrió el octavo cacerolazo consecutivo en las principales ciudades del país. El 26 de marzo comenzó a circular la campaña “Brasil no puede parar” en las cuentas de las redes sociales de los hijos del presidente, consiguiendo el apoyo de numerosos empresarios. La campaña defendía el llamado “aislamiento vertical”, en el que sólo los grupos en riesgo, como los mayores de 60 años y las personas inmunodeprimidas, serían contemplados en el distanciamiento sanitario. El 27 de marzo, en diferentes puntos del país, estimulados por el discurso presidencial, numerosos comerciantes y empresarios convocaron distintas manifestaciones con automóviles, pidiendo la reapertura de las actividades económicas y el fin del distanciamiento sanitario. La mayoría de los gobernadores y las presidencias de la Cámara de Diputados y Senadores repudiaron estas iniciativas. Presionado por medidas judiciales, el gobierno nacional dio marcha atrás con la campaña que promovía la vuelta a las actividades y las manifestaciones tuvieron que ser abandonadas. El 31 de marzo, ante el crecimiento de la desaprobación popular y el distanciamiento de personalidades de su entorno inmediato y sectores aliados, Bolsonaro cambió el tono y la orientación de su discurso. Después que días atrás había bromeado sobre la enfermedad y llamado a la situación de “histeria” y “fantasía”, definió esa noche que se trataba del “mayor desafío de nuestra generación”. El 1° de abril se informó que el presidente firmó el subsidio de 600 reales (aproximadamente uno US$ 110) para los y las trabajadores informales. Realineamientos políticos en la cúpula La llegada de la expansión del Coronavirus aceleró los tiempos políticos. Los principales políticos de la derecha brasileña han comenzado a alejarse de su alineamiento con el presidente. En febrero, dos potenciales candidatos presidenciales, el gobernador del estado de São Paulo, João Doria, y el de Río de Janeiro, Wilson Witzel, que llegaron al poder en 2018 apoyados en el bolsonarismo, aumentaron su distanciamiento con el primer mandatario. Ambos firmaron carta junto a 20 gobernadores cuestionando que el presidente no contribuye con la “evolución de la democracia” al promover protestas contra el Congreso Nacional. A inicios de marzo, Doria y Witzel se aproximaron para aislar al candidato por la alcaldía de Río de Janeiro que es más cercano a la presidencia. El 31 de marzo, luego de que el domingo 29 Bolsonaro paseó por las calles de Brasilia, Doria afirmó que el primer mandatario “no orienta correctamente a la población” y Witzel sostuvo que el presidente podría ser juzgado por “crímenes contra la humanidad”. El cuestionamiento de Eduardo Bolsonaro hacia China posibilitó la emergencia de un posicionamiento contrario de los empresarios del agronegocio. El 19 de marzo, el Frente Parlamentario Agropecuario -la llamada “bancada ruralista” (compuesta por 245 diputados y 40 senadores)- emitió una nota en la que sostuvieron que China “es un socio de largos años, con quien tenemos una excelente relación comercial y de amistad” y que “manifestaciones aisladas no representan el sentimiento de una nación o de cualquier sector”. También el Frente Parlamentario Brasil-China (compuesto por 225 legisladores) hizo un cuestionamiento a las declaraciones del hijo del presidente. El discurso presidencial de la noche del 24 de marzo de 2020, llevó a una oleada de críticas de personalidades políticas. João Amoêdo, líder del Partido Novo, quien apoyó a Bolsonaro en la segunda vuelta electoral de 2018, sostuvo horas más tarde en Twitter que el discurso era “inaceptable” y que el jefe de Estado “debería presentar un plan, mostrar la gravedad de la situación, demostrar equilibrio, o renunciar a su cargo”. Esa misma noche, el presidente del Senado, Davi Alcalumbre, coincidió en que el discurso era “grave” y que el país necesitaba “un líder serio”. Otra ruptura significativa con el bolsonarismo fue el alejamiento del gobernador de Goias, el médico Ronaldo Caiado. La misma se produjo el 25 de marzo, luego que el presidente cuestionó las decisiones de los gobernadores y las recomendaciones de distanciamiento sanitario dispuestas por las autoridades médicas. Ese mismo día, el expresidente Fernando Henrique Cardoso -crítico de Bolsonaro- sostuvo en las redes sociales “El momento es serio, no es apropiado politizar, pero oponerse a los infectologistas va más allá de los límites. Si no se calla, estará preparando su fin. Y su fin es mejor que el de todo el pueblo”. Al día siguiente del discurso que pidió la “vuelta a la normalidad”, 26 gobernadores (de un total de 27) participaron en una reunión por teleconferencia con Rodrigo Maia, para coordinar un plan de acción federal contra el COVID-19. El presidente recibía expresamente una desaprobación generalizada de los mandatarios estaduales. Luego de los reiterados cuestionamientos del presidente a las medidas de su propio ministro de Salud, el ministro Mandetta, Paulo Guedes (ministro de Economía) y Sergio Moro (ministro de Justicia) se presentaron alineados contra las actitudes y el discurso de Bolsonaro. Moro afirmó “la responsabilidad de orientar sobre el COVID-19 es del Ministerio de Salud” y Guedes planteó “como economista, me gustaría que pudiésemos mantener la producción, y volver lo más rápido posible. Como ciudadano, siguiendo el conocimiento del personal de Salud, prefiero quedarme en casa”. El 31 de marzo serían los encargados de anunciar las medidas de emergencia frente al avance de la enfermedad. Esa misma noche, Bolsonaro cambió el tono de su discurso, reconociendo la gravedad de la situación. Ese mismo día, otro frente contra los posicionamientos de Bolsonaro cobró fuerza en el STF. Marco Aurélio Mello -uno de los integrantes del Supremo Tribunal- mandó analizar a la Procuraduría General de la República la denuncia que sostiene que, mediante su accionar, Bolsonaro infringió la determinación del poder público de prevenir la introducción o propagación de una enfermedad contagiosa. El 1° de abril, Alexandre de Moraes -otro de los miembros del STF- dio un plazo de 48 horas para que el presidente informe sobre las medidas adoptadas para combatir el avance del nuevo Coronavirus. La izquierda frente a Bolsonaro y la pandemia El 19 de marzo, el expresidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva sostuvo que “primero salvamos el pueblo, después la economía”, defendió el distanciamiento sanitario y cuestionó la falta de orientación del gobierno hacia la población. El 30 de marzo, Fernando Haddad, Tarso Genro y Gleisi Hoffmann (Partido de los Trabajadores), Ciro Gomes (Partido Democrático Laborista), Flavio Dino y Manuela Dávila (Partido Comunista de Brasil), y Guilherme Boulos (Partido Socialismo y Libertad), entre otras personalidades, firmaron una nota conjunta en la que sostuvieron que: “Bolsonaro no puede continuar gobernando Brasil y enfrentar esta crisis, que compromete la salud y la economía. Comete delitos, fraude de información, mentiras y fomenta el caos, aprovechando la desesperación de la población más vulnerable. (…) Bolsonaro es más que un problema político, se ha convertido en un problema de salud pública. Bolsonaro carece de grandeza. Debería renunciar, lo que sería el gesto menos costoso para permitir una salida democrática al país. Necesita urgentemente que lo contengan y que responda por los crímenes que está cometiendo contra nuestro pueblo”. De cara al futuro, vale balancear aquí tanto las reconfiguraciones del escenario político por derecha como la capacidad de aglutinamiento de las fuerzas de la izquierda brasileña. En la mayor parte del país, las masas de campesinos pobres, pueblos indígenas, numerosas fracciones del proletariado rural y urbano ven agravadas sus condiciones de desigualdad, falta de alimentos, medicinas e infraestructura habitacional. La crisis ya está siendo aprovechada para una ofensiva del capital en torno a renegociaciones de contratos laborales, reducción salarial y despidos. A medida que avance la pandemia se agudizarán las contradicciones entre las necesidades de contener la enfermedad y la reproducción de la vida cotidiana de las masas populares. Hasta el momento, aun cuando la realidad se torne borrosa, no están presentes las circunstancias que permitan visualizar que la izquierda encuentre una salida popular a la crisis. El recambio político brasileño emerge con posibilidades para distintas alternativas dentro de las fuerzas de derecha. De todas maneras, está claro que el escenario es imprevisible tanto en términos de costos de vidas humanas como sus efectos sobre la economía y la política. - VER MÁS ARTÍCULOS -

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