| 03 Abril 2012
El 30 de octubre de 1983 dijimos Nunca Más a una dictadura asesina que dejó como saldo 30 mil desaparecidos. Hoy, 29 años más tarde, seguimos encontrando casos de desaparición de personas ligadas al trabajo, a la pobreza y a la indefensión.
Daniel Solano es/era un joven salteño que viajó desde la ciudad de Tartagal a Lamarque para trabajar como jornalero en la empresa Expofrut- Univeg SA. Fue contratado por Agro Cosecha que lo llevó desde su ciudad de natal hasta Río Negro junto a un grupo de trabajadores.
Solano desapareció el 5 de noviembre a las 3:30, a la salida del boliche Macuba en la ciudad rionegrina de Choele Choel luego de ser arrastrado por la Policía.
El abogado de la familia Solano, Sergio Heredia, sostiene que hay dos hipótesis, una es que la desaparición haya sido provocada por sus compañeros de trabajo y la otra es que la responsable es la Policía.
De todos modos, el abogado se refirió a las pésimas condiciones a las que son sometidos los trabajadores del norte del país y sostiene: “Estamos hablando de un joven del norte, de origen guaraní por eso no nos sorprende la indiferencia ni la discriminación (de la Justicia)”.
El pasado 18 de diciembre la Central de Trabajadores de Río Negro y el Observatorio de Derechos Humano de Río Negro enviaron una carta al ministro de gobierno de esa provincia, Edgardo Bagli, en la que piden que Expofrut sea auditada para chequear y modificar las deplorables condiciones de trabajo de los jornaleros.
Además, reclaman la no participación del grupo de elite policial BORA como “seguridad privada de la empresa”. Según denuncias de ex trabajadores de Expofrut, el Bora funciona como brazo armado de la compañía.
Y como si toda esta situación no fuera complicada en sí misma para los familiares de Solano, el Equipo Argentino de Investigación Forense le pidió a la familia 35 mil pesos para buscar a Daniel. Esta situación irregular también está siendo tratada por el abogado.
La familia del joven acampa en la puerta del Juzgado en lo Penal número 30 desde hace más de 30 días en reclamo de justicia. “He venido a buscar la verdad y a llevarme a Daniel vivo o muerto. Y si está muerto, hacer todo lo posible para que cada uno de los responsables pague”, concluyó Heredia.
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